Los resultados electorales apuntan a un cogobierno entre el PRI y el presidente Felipe Calderón hacia los próximos 3 años. Con una Cámara de Diputados con mayoría absoluta para el PRI en alianza con el Partido Verde, el gobierno de Calderón se verá forzado a negociar con los priístas para ver aprobada cualquier ley en la Cámara Baja.

Pero este nuevo reparto del Poder Legislativo surgido de las elecciones recientes también carga sobre los hombros del PRI y de sus legisladores la responsabilidad de lo que se apruebe o no en la Cámara de los Diputados a partir de septiembre próximo. Un asunto que los priístas —a escasos días de las elecciones— aún no acaban de digerir y que puede hacer peligrar su éxito reciente dados los muy diversos y encontrados intereses que entre ellos mismos están en juego (véase en esta edición el reportaje “PRI: No hay fiestas interminables” a partir de la página 13).

Una mirada a vuelo de pájaro al escenario postelectoral diría que los enconos y divisiones entre partidos que desde 1997 se acentuaron cuando el PRI perdió la mayoría absoluta en el Congreso, va a continuar siendo el pan de cada día también por los próximos tres años. Y es probable que así sea.

Sin embargo ahora existe una diferencia clave respecto de hace 12 años. Que la exigencia de la ciudadanía organizada es mayor y tiene capacidad espontánea y real para incidir en las decisiones públicas. Una influencia sólo explicada por el crecimiento de las clases medias mexicanas que se convirtieron —en este periodo— en la masa ciudadana dominante como se expresó en las recientes elecciones al repartir el poder y evitar los radicalismos políticos. Esta “masa dominante” de las clases medias —la más agraviada por la inseguridad pública, por el desempleo y por el deterioro en la educación pública que cercena su potencial competitivo— es la que decidirá en las elecciones de 2012 al nuevo presidente de México.

Si el presidente Calderón y los priístas —de cualquier cuño— saben escuchar a las extendidas clases medias del país no por un mero patriotismo, sino incluso atendiendo a sus ambiciones electorales y presidenciales hacia 2012, deberán estar dispuestos a sentar las bases de un acuerdo mínimo de cogobierno.

De lo contrario, Calderón estaría condenado a la parálisis y a convertirse en un “pato cojo” con mucha anticipación antes de la terminación de su mandato, cuestión poco conveniente incluso para sus adversarios políticos. Del otro lado, los priístas si bien podrán despacharse con la cuchara grande en materia presupuestal, es probable que sus propias luchas intestinas y los muy diversos intereses que cargan sobre sus espaldas los lleven a convertirlos en los responsables de un país mediocre que los electores de esa “masa dominante” —de la clase media— sabrán cobrarles en las urnas en 2012.

El reto que tienen por delante Calderón y el PRI es mayúsculo y lo es por sus antecedentes de beligerancia política y de tibieza en sus propuestas. Enfrente tienen una agenda mínima urgente que abarca desde una reforma hacendaria equitativa, que incentive la competencia, gradual en su aplicación y con visión de largo plazo, hasta los cambios políticos necesarios para una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones, la aprobación de la reelección legislativa y un redimensionamiento del Congreso —y de su presupuesto— a partir de la reducción o eliminación de los asientos plurinominales.

Un pretendido cogobierno que se atreva valientemente a dialogar y desahogar una agenda urgente mínima que el país requiere, encontraría puntos de beneficio común, más allá de sus propios cálculos electorales partidistas.

La pregunta es si Calderón y Paredes están a la altura de las circunstancias por las que atraviesa el país. La pregunta es si podrán con el paquete que tienen encima.