MÉXICO, agosto 25.- La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a una juez federal girar una orden de aprehensión contra Napoleón Gómez Urrutia, por disponer ilegalmente de 55 millones de dólares (MD) de un fideicomiso de los trabajadores del Sindicato Nacional de Mineros.

Esta acusación, indica el consejo de administración de la cooperativa Veta de Plata en un comunicado, es por un ilícito de gravedad que no permite la libertad bajo fianza, por lo que de prosperar la aprehensión y ser extraditado a México, Gómez Urrutia tendría garantizada la cárcel.

La Subprocuraduría de Delitos federales de la PGR consignó la averiguación previa UEIFF/ FINM02/64/2006 contra el líder sindical, delegados fiduciarios y funcionarios de Scotiabank, a quienes pretende fincarles el delito de violación a la Ley de Instituciones de Crédito.

El caso quedó en manos de la Juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales del Reclusorio Norte, Silvia Carrasco Corona, informaron funcionarios del Poder Judicial Federal.

Esta es la primera vez que la PGR intenta fincarle cargos federales al líder del Sindicato Minero, desde que en junio de 2006 la dependencia fracasara en dos casos donde igual número de jueces federales le negaran órdenes de aprehensión contra Gómez Urrutia por lavado de dinero.

De acuerdo con la información proporcionada, al dirigente le buscan fincar la violación al artículo 11. bis de la Ley de Instituciones de Crédito, en una modalidad grave que le impediría conseguir su libertad bajo caución.

Este delito sanciona "a quien en forma indebida utilice, obtenga, transfiera o de cualquier otra forma, disponga de recursos o valores de los clientes de las instituciones de crédito", y está penado con 3 y hasta 10 años de cárcel y multa de hasta 30 mil días de salario.

En este expediente, la PGR también indagó a los integrantes del gremio Héctor Félix Estrella, Juan Linares Montúfar, José Rocha Pérez, Gregorio Pérez Romo y los funcionarios del Scotiabank, Alejandro de Anda Arriaga y Felipe Alberto López.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) definió en un dictamen técnico del 10 de marzo de 2006, que este delito no ocurrió en el caso del fideicomiso de 55 millones de dólares, pero aun así la PGR decidió solicitar la captura de quien lleva dos años y medio en su exilio canadiense.

En opinión de este organismo, se puede concluir que la conducta desplegada por Napoleón Gómez Urrutia “…no se ubica en la hipótesis prevista y sancionada por el artículo 113 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito", indicó Jaime Villa Escobosa, entonces director de Delitos y Sanciones de la CNBV.

La PGR pidió esta orden de captura contra Gómez Urrutia, después de tres semanas de que el Juzgado Octavo de Distrito en Amparo le concediera la protección de la justicia contra las tres órdenes de aprehensión.

Esos casos serán decididos en definitiva en un tribunal colegiado penal, que puede cancelar las aprehensiones. Pero el hecho es que, si se ordena la captura pedida por la PGR, el retorno de Napoleón a México nuevamente tendrá que ser diferido. (El Semanario Agencia, ESA)