MÉXICO, junio 26, 2008.- A continuación algunas columnas polí­ticas que aparecen los principales diarios de circulación nacional.

TEMPLO MAYOR

VAYA PADRINO se consiguió Josefina Vázquez Mota para la Alianza por la Calidad de la Educación: ni más ni menos que Robert Zoellick, el mandamás del Banco Mundial.

LA TITULAR de Educación Pública amanece hoy en Washington para acudir, de la mano de Elba Esther Gordillo, a un encuentro de dos días con funcionarios del organismo internacional.

LA IDEA, según se sabe, es presentar el proyecto educativo del gobierno calderonista ante los estrategas del Banco Mundial, que tienen mucho interés en el tema.

JUNTO CON Josefina y Elba Esther van varios de los secretarios de Educación de los estados, y ojalá que todos lleven papel y lápiz para tomar muchas notas.

Y ES QUE dicen que los del Banco Mundial les van a presentar bastantes ejemplos de mejores prácticas de calidad en educación y profesionalización de los maestros, cuya experiencia y resultados bien podrían aprovecharse en México.

 
 
SI YA de por sí el ministro Sergio Valls anda molesto porque los intelectuales lo acusan de dilatar el expediente de su amparo contra la reforma electoral, hoy sin duda su malestar va a aumentar.

Y ES QUE la cúpula del Consejo Coordinador Empresarial también se va a lanzar denunciando el tortuguismo de la Suprema Corte de Justicia.

ADEMÁS, se dice que si, como tal y se prevé, los ministros les dan palo en su amparo, el próximo round será en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

O LO QUE es lo mismo, estarían sentando a la Suprema Corte en el banquillo de los acusados.

 
 
QUÉ POCO le duró el gusto al consultor Xavier Domínguez del "éxito" de su campaña del clon del alcalde toluqueño, pues ésta ya fue retirada totalmente por el ayuntamiento.

EL ESPAÑOL se ufanaba de que más allá de la polémica por el burdo intento de burlar la ley electoral, a fin de cuentas había logrado su objetivo de dar a conocer al alcalde panista Juan Rodolfo Sánchez.

VAYA HONOR el del alcalde clonado: se hizo famoso, pero no por su labor como gobernante... sino por haber intentado evadir la ley.

 
 
SIEMPRE es bueno conocerse a sí mismo, y esta vez el descubrimiento le llegó a Denise Dresser por donde menos se lo esperaba.

LA POLITÓLOGA le había planteado a dos senadores su interés en participar en los foros de debate sobre la reforma petrolera, y ambos legisladores se comprometieron en plantear su propuesta a los coordinadores parlamentarios.

Y CON SORPRESA Dresser se acaba de enterar que su petición fue rechazada, pues le mandaron decir, palabras menos, palabras más: "muchas gracias por tu interés, pero como eres endemoniadamente libre, no hay quien apadrine tu propuesta".

COMO QUIEN DICE, que la sociedad civil ni se apunte al debate, que los invitados son por cuotas partidistas.

BAJO RESERVA

Presunto abuso sexual a jovencitas en el terreno del procurador del DF, Rodolfo Félix Cárdenas

La lupa de diversos sectores de la población y de los analistas se colocó el miércoles en los efectos políticos generados por la tragedia de la discoteca New’s Divine. ¿Quién cae? ¿Quién se queda? La guillotina no ha llegado a la tercera línea. En otro sendero corre el proceso judicial, que parece presentar algunas fallas. Personas que tienen a su cargo el juicio comentan que uno de los detenidos, Juan Andrés Santos Urdiales, de 47 años de edad, no es el barman del antro, sino una suerte de técnico de sonido y ayudante en labores de seguridad. Por otro lado, está la denuncia de abuso sexual cometido contra las jovencitas detenidas en la redada. Y eso ocurrió en los terrenos del procurador Rodolfo Félix Cárdenas.

Marcelo Ebrard prendió un buscapiés y lo arrojó hacia la residencia oficial de Los Pinos. Se prepara un informe del caso New’s Divine para el jefe del Ejecutivo. El fólder se quedó en alguna parte de la ciudad, entre el Zócalo y Parque Lira. Hasta anoche no había llegado nada al despacho del presidente Felipe Calderón, que no tiene en su estrategia política meterse en el lío del antro, donde murieron 12 personas. Allá los perredistas y su tragedia parece ser el tono en el gobierno federal.

Comenzaron las apuestas en el IFE por quién saldrá perjudicado en el escándalo que se avecina. El debate estará centrado en el otorgamiento del registro como partido a la agrupación Solidaridad, encabezada por Mario Alberto Romo, que cumplió con todos los requisitos, pero los consejeros están por negarle la posibilidad de entrar a las ligas mayores. ¿Cuál es el asunto de fondo? Es de fondos. Nos dicen en el instituto que los consejeros Marco Gómez y Virgilio Andrade buscan proteger las prerrogativas, los millonarios ingresos, de los partidotes.

Muy a su pesar, Conaculta tendrá que entregar la agenda de actividades de su presidente, Sergio Vela, durante 2007. El IFAI resolvió que la dependencia debe responder a una solicitud de información, a la que Conaculta trató de burlar argumentando que no existía el cargo de “director del presidente” del organismo, como lo indicaba la solicitud. De igual forma, trató de ocultar los datos solicitados bajo el dicho de que no hay papeles de esta índole en sus archivos.

TRASCENDIO

Que la discusión de ayer fue todavía más difícil y agria que la de días anteriores, pero al final el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, y el secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, se pusieron de acuerdo en que sería un error que este último presentara su renuncia.

Ortega dijo que esa sería la mejor forma de dejar el asunto de la tragedia del New’s Divine en la indefinición y la impunidad. Por lo visto, Ebrard no pudo revirarle.

Pero que nadie cante victoria. Los familiares de los jóvenes muertos quieren la cabeza de Ortega a como dé lugar. Y juran que no cejarán en el intento.

Que la Comisión de los Derechos Humanos del DF intentará promover a partir de la tragedia en el Divine la creación de un protocolo para la videograbación de los operativos y los actos de autoridad.

Esto, con el fin de que no puedan ser grabados o editados tramposamente. Es muy probable que lo consigan.

Que no hay borracho que coma lumbre. Los segundos de Napoleón Gómez Urrutia en la dirigencia del sindicato nacional minero no quieren tener órdenes de aprehensión encima.

De ahí que su primera reacción a la decisión de la Secretaría del Trabajo de no darle la toma de nota y, por tanto, desconocer a Napoleón como líder de los mineros, fue decir que pelearán en los tribunales, no en las calles.

Por lo que se ve, dejaron para mejor ocasión aquello de que crearían un “infierno” si el gobierno no le daba el registro a Napoleón.

Que siempre sí: Ruth Zavaleta ya tiene cargo en el gobierno de Guerrero cuando concluya su gestión como presidenta de la Cámara de Diputados, en agosto. Será la secretaria de Desarrollo Social del régimen de Zeferino Torreblanca.

Excelente posición para buscar la candidatura del PRD al gobierno del estado en unos dos años.

Que un buen machucón le dio ayer el líder de los senadores del PAN, Gustavo Madero, al asesor de medios preferido de los blanquiazules, el español Xavier Domínguez, al pronunciarse totalmente en contra de que, mediante trucos o engaños, los candidatos y gobernantes traten de avanzar en los medios.

¿No le habrán informado a Madero del caso del anuncio del clon del panista presidente municipal de Toluca?

PLAZA PÚBLICA
(Miguel Ángel Granados Chapa)

Consejeros electorales
 

Después del 15 de agosto no habrá tres mujeres, sino una sola, en el Consejo General del IFE, al consumarse la renovación parcial que resultó de la reforma constitucional. Y habrá también un consejero muy cercano a organizaciones civiles

Entre prisas por cerrar el viernes por la noche el periodo de sesiones extraordinarias (ante el temor de que el ansia de conservar el asueto sabatino dejara sin quórum a las Cámaras) fueron elegidos por la Cámara de Diputados los tres consejeros electorales que asumirán sus cargos el 15 de agosto. Se completó así la renovación parcial del Consejo General del IFE dispuesta en los transitorios de la reforma constitucional en materia de elecciones que entró en vigor en noviembre pasado y que está siendo cuestionada hoy ante la justicia desde diversos ángulos.

Conforme a esa norma, los legisladores tenían obligación de designar en diciembre del año pasado a los tres primeros reemplazantes de los consejeros elegidos en octubre de 2003. Los líderes de las bancadas no alcanzaron acuerdos entonces y cerraron el periodo de sesiones ordinarias sin cumplir su cometido. Al retornar a sus actividades en febrero de este año, dieron prioridad al tema y eligieron consejero presidente del IFE, el 7 de febrero, a Leonardo Valdés Zurita, y consejeros a Marco Antonio Baños y Benito Nacif, que sustituyeron a Luis Carlos Ugalde, Alejandra Latapí y Rodrigo Morales.

De manera unánime, las bancadas parlamentarias habían convenido renovar el órgano electoral, ante el cúmulo de nuevas responsabilidades que, sobre todo en materia de difusión electrónica, se habían asignado al Instituto Federal Electoral. También se consideró a ese efecto el desempeño que el Consejo General de IFE había tenido en el proceso de 2006, generador de una disminución de la confianza ciudadana en ese órgano, que era preciso restaurar. Se eligió, erróneamente a mi juicio, el camino de la sustitución escalonada: el presidente y dos consejeros más se marcharían en febrero, y tres consejeros causarían baja en agosto. La sustitución misma y el mecanismo (que no especificaba los criterios para seleccionar a quienes salieran y en qué turno) generaron discusión pública animada, entre quienes juzgaron inadmisible que el Congreso despidiera a consejeros elegidos para concluir su mandato en octubre de 2010, y quienes lo juzgaban necesario.

Además de la demora criticable, el proceso para elegir a los tres primeros nuevos consejeros se realizó a trompa talega, sin respeto a cerca de medio millar de aspirantes que pretendieron las posiciones a elegir. Cientos de candidatos, muchos de ellos bien calificados, fueron dejados al margen sin que nadie, ni ellos mismos (y acaso tampoco los diputados que practicaron la depuración), supiera bien a bien las causas de su exclusión. La lista inicial, de cerca de 500 solicitantes, se redujo a un centenar (106), que fue el número de las entrevistas realizadas por la Comisión de Gobernación, al cabo de las cuales se fijó un elenco de 39 aspirantes. Sin que la convocatoria estableciera ese paso, que dio lugar a confusiones y sospechas, la comisión dictaminadora calificó a los pretendientes en función de su experiencia y conocimientos. Ninguno de los finalmente elegidos había estado entre los mejor calificados, lo que reveló la ociosidad del ejercicio o su torcedura.

El procedimiento para elegir la segunda tanda de reemplazantes fue menos azaroso y grosero que el empleado antes, aunque tampoco se dio explicación a los excluidos cuando la lista de aspirantes pasó de 115 a 75, número, este último, de quienes fueron entrevistados por los legisladores, que finalmente expusieron su dictamen a la Junta de Coordinación Política sin calificar a los candidatos. La mayor parte de los pretendientes en esta segunda fase había participado en la primera. Sobresalió entre ellos Jorge Alcocer, probablemente el mayor conocedor del derecho y la práctica electoral, quien participó centralmente en la concepción de la reforma constitucional en esta materia y estaba, por eso, especialmente calificado para convertirla en conducta institucional y social. Eufemísticamente, Emilio Gamboa dijo que Alcocer, a quien se atribuía ser impulsado por Manlio Fabio Beltrones, "no había generado consensos", modo elusivo de ocultar el veto que el duopolio televisivo enderezó contra uno de los autores de la idea de excluir del comercio la propaganda política en los medios electrónicos, y que por eso quedó fuera por segunda vez.

Este tramo del proceso quedó marcado por la discusión sobre la cuota de género en la integración del Consejo General. Las tres mujeres que formaron parte de él a partir de octubre de 2003 quedaron incluidas en la lista de quienes terminarían su función antes del término (se esbozó la pertinencia de que se repusiera esa cifra eligiendo a tres consejeras, en lugar de María Teresa González Luna, Lourdes López y Andrés Albo, que se van en agosto). No prosperó esa aspiración y sólo habrá una mujer en el consejo, María Macarita Elizondo Gasperín, que durante más de 20 años (casi entera su vida profesional) ha servido a la justicia electoral, hasta ser magistrada de sala regional del Tribunal Electoral federal.

Fue elegido igualmente Francisco Javier Guerrero Aguirre, que fue en el IFE contralor interno y director de fiscalización de los recursos de los partidos. Y también Alfredo Figueroa Fernández, que a su trayectoria profesional (sociólogo, fue dos veces conspicuo consejero local de aquel instituto en el estado de Puebla) añade un vínculo estrecho con organizaciones civiles atentas a la transparencia de los procesos electorales. Se diría, sin exagerar y sin ánimo de descalificación del resto, que será un consejero ciudadano.

 
 
Cajón de Sastre
 
Como había venido anunciándolo de modo inequívoco su titular, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social rehusó tomar nota de la reciente reelección de Napoleón Gómez Urrutia en la secretaría general del sindicato minero. Es un nuevo episodio (no tan burdo ni grosero como el de febrero de 2006 en el que la propia dependencia ungió a Elías Morales como postizo líder de ese gremio, pero no carente de aberraciones jurídicas) destinado a eliminar de la escena al dirigente que más altos incrementos salariales ha obtenido para sus representados, merced a su conocimiento de los mercados metalíferos, en auge en los años recientes. Se iniciarán de inmediato las acciones legales tendientes a echar atrás la decisión burocrática, y no es de excluir que haya movilizaciones y paros de protesta.

ITINERARIO POLÍTICO
(Ricardo Alemán)

La primera cabeza, ¿y la izquierda? 

Con el sacrificio de Chíguil esperan calmar a “las fieras del Coliseo”
¿Dónde están la dirigencia y los fundadores del PRD?

Cayó la primera cabeza, la de Francisco Chíguil, delegado en GAM, mientras la caprichosa ruleta de las venganzas marcó a Guillermo Zayas como “chivo expiatorio”.

Con alfileres se mantiene a Joel Ortega —por quien el gobierno de Calderón no meterá las manos, ni a favor ni en contra—, y se configura el “control de daños” a favor de Ebrard, mientras el encargado de procurar la justicia en la capital del país, Rodolfo Félix, se alza como juez y parte, cuando los suyos y él mismo están implicados en la “tragedia del antro”.

¿Por qué cayó Chíguil? No dejó su cargo por un ataque de ética. Apenas horas antes de renunciar y pedir licencia se aferraba al cargo, se decía inocente. ¿Y entonces por qué la renuncia? Porque es parte de la estrategia. Con ese sacrificio esperan calmar a “las fieras del Coliseo”. Además dicen que lo engañaron, que pediría licencia si también entregaban la cabeza de Joel Ortega. Los estrategas de Ebrard esperaban que el gobierno de Calderón metiera la mano para desbarrancar al aún titular de la SSP-DF. Pero Los Pinos no acusó recibo. No se van a meter.

En todo caso, lo preocupante es que en la “tragedia del antro” en la llamada “joya de la corona” de la izquierda mexicana son evidentes las grandes ausencias políticas, ideológicas, doctrinarias. ¿Dónde está el PRD, su dirigencia? ¿Dónde está la izquierda? ¿Dónde están los críticos de los abusos policiacos y militares? ¿Dónde están los intelectuales orgánicos?

Todos conocen la respuesta a esas interrogantes. Para buena parte de las izquierdas mexicanas no pasó nada; ya en el extremo, a esa izquierda vergonzante no parece importarle nada de lo ocurrido en la “tragedia del antro”. Ninguno de los prohombres de esa izquierda ha dicho “esta boca es mía”, y menos “este gobierno es mío” —los del DF y la GAM—, porque parecen renuentes a asumir como suyo lo que todos conocen como “la joya de la corona”: al GDF y a la GAM. Y si no defienden a esos gobiernos —porque son la izquierda descafeinada—, en el colmo del oportunismo tampoco los cuestionan, y menos se deslindan.

Y tienen razón quienes hablan en plural de “las izquierdas”. Pero ninguna de esas izquierdas se ha atrevido a cuestionar siquiera con el pétalo de una crítica lo que está ocurriendo. ¿Dónde está la siempre activa izquierda mexicana; sea del PRD, la de AMLO, Cárdenas, Los Chuchos, los Amalios y hasta los intelectuales orgánicos y los afines mediáticos? Para muchos queda claro que todos prefieren aplicar la de Pedro Infante: “Se agacha y se va de lado”. Y como pateando un bote se pasan de largo, guardan silencio, esconden la cara.

Bueno, para ser justos, sí existe una corriente de esa izquierda que da la cara. La grosera y vergonzosa muestra clientelar de acarreados por la pareja Bejarano-Padierna que llevó frente a la ALDF para corear consignas a favor del delegado Francisco Chíguil, prócer de la izquierda que llegó al cargo gracias al siempre reconocido mérito de “cargar el portafolios” del “señor de las ligas”.

¿Y la dirigencia del PRD? En cinco días ni una palabra de Guadalupe Acosta Naranjo, Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Carlos Navarrete, y menos de la siempre sensible Ruth Zavaleta. ¿Los fundadores del PRD? Ni una declaración de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, cuyo silencio coquetea la complicidad. ¿La voz de los gobernadores? Ni una palabra de Zacatecas, Michoacán, Chiapas, Guerrero, Baja California Sur, cuya boca cerrada no sólo impide la entrada de moscas.

¿Dónde está el jefe del PRD en todo el sexenio pasado, “el movimiento soy yo”? Ni una palabra, acaso porque heredó lo que él mismo estimuló: corrupción e impunidad. ¿Los líderes del Congreso, diputados, senadores y asambleístas? Diputados y senadores hacen como si nada pasara, cuando no sólo pudieran cuestionar lo ocurrido, sino promover correctivos. Pero los asambleístas prefieren la grosera creación de una más de las inservibles comisiones legislativas.

¿Y las buenas conciencias de la izquierda escandalizada por la muerte de una anciana supuestamente provocada por militares abusadores —lo que desmintió la CNDH—, que convirtieron al góber precioso de Puebla en símbolo de la perversidad oficial, al de Oaxaca en el paladín de la represión? ¿Toda esa izquierda nada dijo de la “tragedia del antro”, de las niñas presuntamente abusadas por la policía?

¿Y los intelectuales orgánicos de esa izquierda, que hoy guardan silencio frente a hechos vergonzosos, intolerables en gobiernos azules o tricolores, pero sobre todo del PRD? Hoy parecen todo lo que cuestionaron hace tres o cuatro décadas. De pena ajena.

EL ASALTO A LA RAZÓN
(Carlos Marín)

La tragedia es mayor

El más torpe y letal de los incontables operativos policiacos que se han llevado a cabo en la capital del país es un tsunami social, político, administrativo e institucional que no sólo mató a una docena de inocentes (incluidos tres niños, un agente judicial y dos preventivos), sumido en el dolor a familiares y amigos, y provocado la justa indignación general.

La devastación es de tal magnitud que incluye la humillación que vivieron cuando menos 34 jovencitas que fueron obligadas a desnudarse y girar el cuerpo ante un irresponsable, miserable y depravado “médico” varón, con el pretexto de revisarles los hematomas que les produjeron los golpes que les propinaron policías en tumulto al amparo del uniforme y la confianza en que no será fácil identificarlos.

Del otro lado, al drama de los casi 30 cesados ipso facto, entre éstos algunos que gozaban de reconocimiento como héroes de la corporación, se suma, claro, la sevicia política de cambiar el cargo de “homicidio culposo” (involuntario) a “homicidio doloso” (deliberado) contra el otrora eficiente policía que comandó el desastre.

INDICADOR POLÍTICO
(Carlos Ramí­rez)

El dato más importante del caso de la disco News Divine es político, no de seguridad: la policía no iba a arrestar al miserable del dueño o a los cantineros que le daban alcohol a menores ni buscaba aprehender a los inspectores o funcionarios corruptos que permitieron irregularidades. La policía quería reprimir a los jóvenes.

El objetivo de llenar los camiones de jóvenes, remitirlos a la delegación, regañarlos y asustar a los padres provocó la tragedia. Por tanto, se trató de una falla de la política de seguridad pública del jefe de gobierno del DF que fue despedido de la Secretaría de Seguridad Pública en diciembre de 2004 por incompetente.

Ante la decisión política de permitir la impunidad en los plantones perredistas, de facilitar las marchas que estrangulan la ciudad, de facilitar las tomas violentas de edificios públicos y de entregarles partes de la ciudad a los ambulantes y la delincuencia organizada, la policía del jefe del GDF aplica la mano dura contra conductores que dan vueltas prohibidas o contra jóvenes que asisten a antros donde los dueños violan las leyes y los reglamentos con la complicidad de funcionarios corruptos del gobierno capitalino o de las delegaciones.

Por tanto, el caso Divine debe ser visto también como el fracaso de la gestión de gobierno del PRD y de Ebrard. Es decir, que la tragedia es responsabilidad de la autoridad máxima en el DF. Ortega cumplió con su función política de haber dejado como perredista que López Obrador plantara tiendas de campaña vacías en el corredor Zócalo-Periférico o que maestros de la APPO perredista instalen una verdadera ciudad perdida en la calle de Juárez para protestar contra la Ley del ISSSTE, pero también cumplió con su tarea de reprimir a jóvenes que se aprovechaban de las irregularidades en un antro permitidas por funcionarios de la delegación que le tocó gobernar y como tal refrendarle la licencia a Divine.

La tragedia ocurrió cuando la policía decidió impedir la salida de más jóvenes porque un camión ya estaba lleno de ellos. El propósito era remitirlos a la delegación y llamar a sus padres. Y luego hacer que Ebrard apareciera en medios como el funcionario enérgico que se preocupa por la juventud y regaña a los padres por permitir los excesos de los muchachos.

Pero el problema era otro. Los jóvenes violando la ley eran apenas el efecto de una irregularidad mayor: la corrupción de funcionarios al permitir el funcionamiento de antros sin vigilar el cumplimiento de las reglas de protección civil. Si de renuncias se trata entonces hasta el director de protección civil debiera ser cesado por el caso Divine.

Lo grave se encuentra en otro lado: el alcohol adulterado, el suministro de droga y la facilidad para operar antros dónde circular esos productos es posible sólo por la corrupción de la autoridad capitalina y delegacional y por la incompetencia y complicidad de la policía. Y no se trata de un compló sino de una realidad: el PRD como gobierno no sólo no ha combatido la delincuencia que daña a los jóvenes y niños sino que, por el contrario, la ha prohijado.

De ahí que Ortega y el jefe policiaco Zayas sean apenas víctimas propiciatorias del fracaso del gobierno capitalino en la lucha contra el verdadero crimen organizado. Y ni modo de echarle la culpa al gobierno federal: la droga se comercializa en el DF, el alcohol circula en los antros de la ciudad y la corrupción capitalina permite la existencia de antros como el Divine.

Por tanto, el debate debe hacerse respecto a la política de seguridad pública capitalina que reprime a los adversarios del perredismo y que facilita la corrupción para el auge del crimen organizado. Respecto a este punto debiera juzgarse a Joel Ortega, no por el operativo en la disco Divine. Es decir, respecto a la gestión de la política de seguridad pública del jefe de gobierno que ya fue secretario de Seguridad Pública y que resultó cesado por una grave falla en un operativo en Tláhuac.

Ebrard y Ortega debieran responder primero a la pregunta de por qué la mano dura contra los jóvenes y no contra los corruptos, por qué quería llenar camiones de jóvenes y permitir el plantón en el ISSSTE y por qué la policía carece de cursos de capacitación para enfrentar conflictos de masas. No se trata de una requisitoria argumentativa y teórica. Los jóvenes muertos por la decisión de detener a los asistentes y no a los corruptos y por un operativo que nunca entendió el problema de la respuesta caótica de las masas exigen algo más que chivos expiatorios: reclaman el enjuiciamiento de los responsables del diseño de las políticas, no de los torpes operadores de órdenes superiores.

Como en el Lobohombo y en Tláhuac, en el caso Divine se debe sentar al gobierno perredista en el banquillo de los acusados, así como se ha sentado al PRI por Tlatelolco y el halconazo y al PAN por los excesos en la lucha contra el crimen organizado. Al final de cuentas, el caso Divine recuerda el de Aguas Blancas, cuando el gobernador Rubén Figueroa ordenó reprimir a campesinos. O el de Atenco por los toletazos a disidentes. Al final, el PRD le entró de lleno a la represión.