MÉXICO, 29 de julio, 2010.- A partir de hoy, existe un nuevo Derecho Humano fundamental según declaró la Asamblea General de Naciones Unidas: el acceso al agua potable y a los servicios sanitarios, mismos que aplicarán para los 192 estados miembros de la organización.

La resolución impulsada por Bolivia desde el 2009, insta a los Estados miembros y organizaciones internacionales a promover y proteger este derecho como se hace con otros fundamentales para los ciudadanos; aportar recursos financieros, así como transferencias tecnológicas para proporcionar un acceso universal y “económico” al agua potable y el saneamiento.

Además se acordó entregar un informe anual a la Asamblea General, mismo que será realizado por la experta independiente en las obligaciones relacionadas con el acceso al agua potable segura y la sanidad, Catarina de Albuquerque.

Evo Morales, presidente de Bolivia, agradeció la decisión de la ONU, a la que llamó como un triunfo para los “pueblos del mundo que reclamaban que el agua sea un derecho humano".

Su representante ante la ONU, Pablo Solón, comentó tras la decisión que esto es un “mensaje claro” para concretar este derecho como una realidad ya que, recordó, el reporte del 2009 de la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF demuestra que que diariamente mueren 24,000 niños a causa de diarreas desatadas por aguas contaminadas en los países en desarrollo.

Según el documento de ambas organizaciones, más de 2,600 millones de personas no cuentan con instalaciones sanitarias adecuadas (retretes), mientras que 884 millones de personas no tienen acceso a este líquido elemental.

Sin embargo a pesar de que no hubo votos en contra, sólo 122 países votaron a favor, mientras que 41 países (como Estados Unidos y el Reino Unido) se abstuvieron bajo el argumento de que esta declaración podría interferir en un análisis que similar que se lleva a cabo en el Consejo de los Derechos Humanos de Ginebra.

¿TRIUNFO PARA BOLIVIA?

La ONU respalda con ello a Bolivia y a pesar de no tocar el tema de concesionar el servicio de agua potable a empresas privadas, se empata hasta cierto punto con el artículo 20 de la Constitución Política de ese país vigente desde el 2009.

En ella, se considera a este líquido y el alcantarillado como derechos humanos, que “no son objeto de concesión ni privatización”, es decir, que obliga Ejecutivo a no crear negocios privados en relación con la distribución del vital líquido.

Lo anterior derivó de un conflicto social de gran escala en los estados de Cochabamba (2000) y en El Alto, La Paz (2006), conocido como la "guerra del agua" que rechazó las concesiones entregadas a las empresas Bechtel y Aguas del Illimani, mismas que recibieron concesiones para distribuir y explotar las fuentes del líquido.

¿Y MÉXICO?

En México, a pesar de las constantes precipitaciones y grandes cuencas de agua dulce se han detectado acaparamiento en manos de algunos productores agrícolas, mala planeación y distribución para los estdos e infraestructura inadecuada para prestar un servicio adecuado.

En cuanto a la calidad del agua, México desprende aún muchas dudas. El ejemplo más claro, como publicó El Semanario en su edición 253 (El país de los tinacos, octubre 2009), puede verse en cualquier ciudad mexicana desde un avión: miles de tinacos que abundan sólo en el país y algunas naciones de Centroamérica.

Eugenio Barrios, director del Programa de Manejo de Cuencas Hidrográficas del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), dijo en ese entonces:

“Es una realidad. Somos los únicos que tenemos tinacos, y esto surge por las deficiencias de la provisión del servicio que obligó a crear círculos viciosos en la operación del sistema hidráulico”. (El Semanario Agencia, ESA)