MÉXICO, febrero 23, 2009.- A continuación algunas columnas polí­ticas que aparecen los principales diarios de circulación nacional.

INSTITUCIONALES

TEMPLO MAYOR

CINCO PANISTAS se han convertido en los más sexys de todo el blanquiazul, pues cientos de sus correligionarios andan queriendo conquistarlos.

SE TRATA de Germán Martínez, presidente del partido; Rogelio Carbajal, secretario general; Gustavo Madero, jefe de la bancada senatorial; Héctor Larios, pastor del rebaño panista en San Lázaro; y Marco Antonio Adame, gobernador de Morelos.

CUENTAN QUE los teléfonos de los cinco suenan y suenan todo el día con llamadas de aspirantes a una diputación federal.

Y ES QUE esos cinco personajes son los que integran la llamada "Comisión de Sustanciamiento", cuya función en pocas palabras es palomear las listas de algo así como el 60 por ciento de los candidatos a una curul.

ELLOS RECIBEN las propuestas de los comités locales, las analizan y finalmente deciden quién de los apuntados se saca la lotería de la candidatura.

DE AHÍ QUE en estos días la pregunta de moda entre los panistas es: "¿Y a ti... ya te sustanciaron?".


POR LO VISTO uno de los deportes favoritos de los senadores es el de Bateo de Embajadores y Cónsules.

Y ES QUE apenas propone a alguien el gobierno federal para un cargo diplomático, y más pronto que inmediatamente los encargados de ratificar la propuesta... ¡la desechan!

ESO ES lo que dicen que está pasando ahora con la idea de nombrar a Carlos Arce como cónsul en Hong Kong, una plaza de mucha importancia para México en materia comercial.

EL NOMBRE del ex subsecretario de Economía todavía no se presenta oficialmente al Senado y, sin embargo, ya desde ahora se escucha a algunos legisladores decir que no pasará.

 
ALLÁ DONDE "la vida no vale nada", en Guanajuato, se perfila una interesante pelea entre calderonistas y yunquistas.

Y ES QUE para la contienda interna del PAN por la alcaldía de León, este fin de semana se apuntaron los dos principales gallos, cada uno representando las dos corrientes en pugna dentro del panismo.

POR UN LADO se registró Ricardo Sheffield, ex subsecretario de la Reforma Agraria, quien se hizo acompañar del secretario de Salud federal, José Córdova Villalobos.

EN LA ESQUINA CONTRARIA aparece Miguel Ángel Salim, el ex secretario de Desarrollo Económico de la actual administración leonesa, que presume entre sus méritos la construcción de dos obras casi piadosas: una plaza frente a la Catedral y otra en el Templo Expiatorio.

Y COMO para que no quede duda de hacia dónde va la jugada, en su registro Salim tuvo como padrinos a Elías Villegas, sumo sacerdote del Yunque y asesor todopoderoso del gobierno estatal, y a Jaime Oliva, hermano del gobernador guanajuatense.


HOY QUE INICIA la asamblea general de la vetusta CTM, será difícil esperar grandes novedades.

PESE A los apapachos entre Felipe Calderón y el dirigente Joaquín Gamboa Pascoe, se prevé que la otrora poderosa central obrera rechace feamente la propuesta de reforma laboral que busca abrir las cuentas de los sindicatos.

LO ÚNICO BUENO que seguramente sucederá es que los líderes sindicales llegarán a tiempo a la cita. Con esos relojotes que se cargan, ni modo que se les haga tarde.

TRASCENDIÓ

Que la gran pregunta que ronda en el ambiente financiero es cuáles son los bancos que mandan a sus matrices las grandes utilidades de sus filiales en México.

El viernes pasado, en su reunión plenaria de consejeros y frente al presidente Felipe Calderón, el secretario Agustín Carstens y el gobernador de Banxico, Guillermo Ortiz, el director general de Banamex, Manuel Medina Mora, prácticamente dijo: a mí ni me volteen a ver.

Y es que las utilidades de su banco en los últimos tres años han sido reinvertidas en México “ciento por ciento”.

“Faltan los otros”, dijo en corto el secretario Carstens, cuando se le preguntó por qué no han dicho si están enviando sus utilidades fuera.

Que, sin embargo, en opinión de Guillermo Ortiz, prácticamente ningún banco con matriz en el extranjero ha sacado dólares.

¿Sabrá más que el secretario de Hacienda?

Que las divisiones en la corriente perredista hegemónica Nueva Izquierda se incrementan por la repartición de los espacios de poder en la Cámara de Diputados. Más de tres perredistas allegados a Jesús Ortega quieren la coordinación de la bancada.

Entre los que se ven allí están Guadalupe Acosta Naranjo, ex secretario interino de este partido; Jesús Zambrano, ex coordinador de Nueva Izquierda, y Víctor Hugo Círigo, presidente de la ALDF.

Que, al igual que sucedió con una fracción del PT, en los próximos días anunciará el PRD la incorporación a sus filas de la disidencia de Convergencia.

La escisión estará encabezada por los ex gobernadores de Oaxaca Jesús Martínez Álvarez y Pedro Vásquez Colmenares.

Que en las filas del Ejército mexicano, sobre todo en el alto mando, causaron gran molestia las declaraciones del subprocurador de la PGR, Juan de Dios Castro, quien el jueves afirmó que en esa institución también se infiltró el narcotráfico.

Eso motivó que funcionarios de primer nivel ofrecieran una disculpa en la Sedena y trataran de exonerar al funcionario, quien dice haberse querido referir a los militares que desertan y se pasan a las bandas criminales.

Que la SSP-DF quiere fortalecer la cultura de la no violencia entre los menores, canjeando juguetes bélicos por educativos.

Ahora el problema del doctor Manuel Mondragón es encontrar los recursos suficientes para adquirir algo que resulte atractivo para los menores.

BAJO RESERVA

Germán Martínez culpa a gobiernos del PRI, pero en el PAN también creció el narco
 
El presidente del PAN, Germán Martínez, culpó ayer a los gobiernos estatales del PRI por el fracaso en la guerra contra el narco. Y ya encarrilado, hasta se lanzó contra un amigo público del presidente Felipe Calderón: Ernesto Zedillo. “Ahora no falta quienes, desde el fracaso de los gobiernos del PRI, sugieren la rendición en esta lucha […] Otros desde el extranjero recomiendan legalizar la droga”, dijo. Los datos no soportan su declaración. En las últimas dos décadas, el PAN cogobernó con el PRI (congresos locales, gubernaturas y/o alcaldías) las entidades identificadas por la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, como los “tres estados fallidos”: Chihuahua, Baja California y Sinaloa. Con Ernesto Ruffo Appel (PAN) se fortaleció el cártel de Tijuana; y Francisco Barrio Terrazas (PAN) estuvo al frente de Chihuahua cuando Amado Carrillo fundó, basado en el cártel de Juárez, el mayor grupo criminal en la historia de México: La Federación.


Después de una cascada de declaraciones poco afortunadas de secretarios de Estado, el coordinador priísta en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, propuso que el gabinete presidencial sea ratificado por la Cámara alta. ¿Por qué no? Otras democracias más maduras lo hacen, como las europeas o la norteamericana. La propuesta, que cabe dentro de una reforma de Estado, debería incluir controles también para los gobernadores, que ahora son reyezuelos a los que nadie fiscaliza. De ésos no habla Manlio Fabio. Ésos son, en su mayoría, del PRI.


Jesús Ortega se iluminó al ver el tumulto. Eran las 11 de la mañana, en el Centro de Convenciones Tlatelolco; cientos de familias se agolpaban entusiasmadas. Pero antes de que alguno de los asistentes a este evento del PRD se atribuyera la exitosa convocatoria, empezaron a notar que algo no cuadraba. Los niños, y hasta las señoras, iban con el rostro pintado de payasitos. No tardaron en darse cuenta de que el evento del PRD era el menor en este complejo para convenciones. El tumulto era porque Lagrimita y Costel darían un concierto. Para cuando Jesús Ortega empezó su discurso, las paredes del lugar retumbaban… pero por las canciones del dueto infantil.


Por cierto, ya se supo que el PRD de Jesús Ortega pagará con cinco candidaturas a José Narro, ahora cabeza de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, por sacar a sus seguidores del PT. En los próximos 10 días se darán a conocer los nombres de los afortunados; entre ellos, obviamente, está el propio señor Narro.

PLAZA PÚBLICA
(Miguel Ángel Granados Chapa)

Reglamento de la SCT

Mediante una controversia constitucional promovida desde San Lázaro, los jefes de las fracciones priistas en el Congreso entran en la disputa en que se determine quién hará favores a los magnates de las telecomunicaciones y de la radio y la televisión

Claro que hasta un particular puede viajar en un dos por tres de Acapulco a la capital de la República, y con mayor razón está el Presidente en posibilidad de hacerlo. Pero llama la atención que mientras se hallaba en aquel puerto, de vacaciones con su familia el fin del año, el reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aparezca firmado por el Ejecutivo y "dado en la Residencia del Poder Ejecutivo federal en la Ciudad de México, Distrito Federal , a treinta y uno de diciembre de 2008".

Una semana más tarde, el ocho de enero, ese documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor al día siguiente. De inmediato se percibió que la publicación del ordenamiento interior de la SCT era parte del conflicto intragubernamental en torno de las telecomunicaciones y la radio y televisión, pues convirtió en facultades indelegables del secretario atribuciones asignadas a la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Legisladores priistas vieron en ese reglamento la ocasión de entrar en la disputa por la regulación de ese ramo de la vida social y económica del país, al mismo tiempo conflictivo y promisorio. En el Senado de la República se ordenó realizar un "Análisis sobre la posible inconstitucionalidad de diversas porciones" del reglamento mencionado, que serviría de base a una controversia constitucional que esa Cámara iniciaría ante la Suprema Corte de Justicia. A la estrategia de los jefes priistas en el Congreso pareció más conveniente, sin embargo, que fuera San Lázaro y no Xicoténcatl donde se buscara ejercer ese medio de control constitucional. No fue sencillo el tránsito, pues la bancadas del PAN y del PRD no veían la pertinencia de entrar en ese terreno y hasta se produjo una confusión sobre el momento de su aprobación y su contenido, pero finalmente el presidente de la mesa directiva, César Horacio Duarte, pudo el 6 de febrero iniciar la controversia ante el tribunal constitucional, que seis días más tarde, el 12 de febrero, fue admitida por la Corte -en la persona del ministro Genaro David Góngora Pimentel- sin que se obsequiara la petición de los diputados de suspender la aplicación de la norma interna.

La inconstitucionalidad alegada resulta de que el reglamento, pieza jurídica de menor jerarquía que la ley, incluye disposiciones que sólo el legislador puede adoptar, lo que visto desde otro ángulo, significa una intromisión del Ejecutivo en terrenos que son propios del Congreso. "Las partes reputadas inconstitucionales -se lee en el análisis que fundó la demanda de controversia ante la Corte- son en su mayoría las relativas a las facultades en materia de radiodifusión (radio y televisión abiertas) donde las reformas de 2006 a las leyes federales de telecomunicaciones y de radio y televisión confirieron a la Comisión Federal de Telecomunicaciones amplias atribuciones en dicho rubro".

El reglamento no fue una sorpresa para los sujetos regulados, algunos de los cuales se opusieron a que personalmente el secretario ejerza funciones que la reforma de 2006 atribuyó a la Cofetel, pero que la sentencia de la Corte de mayo de 2007 dejó sin efectos al declarar inconstitucionales los principales preceptos de esa reforma. De dicha sentencia se desprende que la Cofetel es un órgano desconcentrado de la SCT y por lo tanto está sujeta al titular de la misma. Ante la Comisión federal de mejora regulatoria (Cofemer), el duopolio de la televisión abierta y "su" Cámara, la de la industria de radio y televisión, objetaron el reglamento pero no pudieron hacer que se modificara, por lo cual ahora lo impugnan de nuevo vía la controversia constitucional iniciada por la Cámara, que de este modo se alínea a los intereses de los magnates de la televisión abierta, que así sacan las castañas con la mano del gato.

El reglamento reconoce en la Cofetel, como órgano desconcentrado de la SCT, la capacidad de "regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión", pero al mismo tiempo otorga al secretario facultades indelegables en esas materias que lo hacen el zar de tales actividades: "Otorgar las concesiones y permisos en materia de radiodifusión y resolver, en su caso, sobre su prórroga, refrendo o modificación, así como declarar administrativamente su caducidad, nulidad, rescisión o revocación", "Aprobar el Cuadro nacional de distribución de frecuencias, así como los programas sobre la ocupación de posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales con sus correspondientes modalidades de uso y coberturas geográficas que serán materia de licitación pública", "Aprobar los programas sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados y de concesionamiento de frecuencias de radiodifusión, así como declarar desiertos los procedimientos concesionarios previstos para el otorgamiento del uso, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencias para el servicio de radiodifusión", "Resolver respecto del cambio o rescate de frecuencias atribuidas a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión" y "Aprobar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones cuando lo prevean los títulos de concesión y permisos correspondientes" (Artículo 5º, fracciones de la XVIII a la XXII).

Más que el celo legislativo por preservar intactas comarcas en que el Ejecutivo no debe entrometerse, lo que se ventila es quién queda bien con los poderes fácticos.

 
Cajón de Sastre

Comienza hoy la última semana de febrero y no se ha determinado la fecha en que el presidente de la República entregará los premios nacionales de ciencias y artes. Durante los gobiernos priistas, tales preseas se entregaban el 20 de noviembre o en una fecha proximísima a esa fecha emblemática del "régimen de la Revolución Mexicana". Con Fox en la Presidencia se buscó atenuar el nexo entre esos galardones y la efemérides revolucionaria. A ese propósito político se añadió, sin embargo, el descuido por la vida cultural en los regímenes panistas y por ello, tres meses después de anunciados los nombres de quienes recibirían las distinciones correspondientes a 2008 no sólo no se produce su entrega sino ni siquiera se ha comunicado a los recipiendarios que lo serán.

INDICADOR POLÍTICO
(Carlos Ramí­rez)

Chihuahua se ha convertido en un laboratorio de la nueva estrategia del crimen organizado para minar las bases del Estado: movilizar a grupos sociales contra el Ejército, a fin de sacarlo de la entidad y con ello entregar la plaza al narco y quebrar la soberanía del Estado.

Asimismo, Chihuahua estaría evidenciando el uso de tácticas de la guerrilla para la lucha política o la guerra de posiciones por parte del crimen organizado para deslegitimar la autoridad del Estado: atacar la presencia del ejército en la lucha contra el narco por la bandera de los derechos humanos.

Pero la salida del ejército de Chihuahua y sobre todo de Ciudad Juárez representaría la derrota del Estado para mantener el control de la República o para ejercer el monopolio de la fuerza o para defender la soberanía del Estado. Lo extraño es que las protestas contra el ejército se centran en unos casos, pero nada dicen de la acción violenta del crimen organizado contra la sociedad. El mensaje es brutal: grupos sociales prefieren vivir con el narco.

Lo que falta por aclarar es si el crimen organizado ha decidido leer y procesar políticamente las estrategias de la guerrilla o si el país se enfrenta a una peligrosa alianza de la guerrilla y el narcotráfico, un hecho evidente que ocurrió en Colombia y que comienza a manifestarse en algunas zonas de la República.

Ante las evidencias de una penetración de las policías por el crimen organizado y del acotamiento de la acción policiaca contra las rebeliones sociales -de Oaxaca a Atenco, pasando por la decidida paralización policiaca en el DF-, la intención de atarle las manos al Estado tendría el objetivo de permitir la consolidación de las actividades de grupos ilegales, desde narcos hasta delincuentes comunes, pasando por los grupos guerrilleros.

No se trata de una tesis policiaca sino de un objetivo de lucha política, por ejemplo, del EPR, el principal grupo guerrillero activo, responsable de dos atentados terroristas contra instalaciones petroleras y víctima de la desaparición de dos de sus comandantes por el conflicto de la APPO en Oaxaca en 2006. En su documento Nuestra estrategia y táctica militar. Las enseñanzas del marxismo, de julio de 2001, el EPR establece con claridad lo siguiente:

"Para derrotar política y militarmente a la burguesía mexicana, es necesario destruir su columna vertebral, el ejército mexicano, para imponerle la voluntad popular. La toma del poder político está ligada a la confrontación militar, dado que la burguesía mexicana no está dispuesta a dejar el poder que detenta."

Además, en el Programa Político del Partido Revolucionario Popular Revolucionario, de enero de 2000, el EPR plantea otra meta:

"Cese a la militarización del país, no a la injerencia del ejército en la vida civil y (no) al control policiaco militar de la población -razzias, retenes, filmaciones, cateos, puestos de control, curp, cédula de identidad-, así como el retorno del ejército a sus cuarteles."

Y en su "Estrategia de Masas. Historia de la Lucha Popular", de enero de 2001, el EPR fija otros objetivos:

"11.- Denunciar la represión sistemática en contra de los luchadores sociales y pueblo inconforme. 12.- Denunciar la represión y militarización por parte del ejército en las zonas donde existe. 13.- Ir creando brigadas de autodefensa en el seno de las movilizaciones de las masas. 14.- Difundir las movilizaciones de los diferentes sectores populares y apoyarlos en función de la unidad. 15.- Difundir a nivel nacional los movimientos de huelgas, tomas de tierras, así como movimientos de inconformidad y el espíritu revolucionario de los diferentes sectores y de la juventud. 17.- Apoyar la lucha revolucionaria, denunciando la guerra de baja intensidad en su contra y difundiendo el objetivo final de nuestra lucha: el socialismo."

Esta estrategia se podría caracterizar, a decir de expertos en asuntos de seguridad nacional, como "ataques mediáticos" en contra de la policía y el ejército para paralizar la acción del Estado contra grupos rebelados contra el Estado y su fuerza institucional. En este escenario también se puede incluir la acción de grupos sociales que acusan al ejército de violar los derechos humanos en la lucha contra el crimen organizado, pero dejando a la sociedad sin capacidad de defensa ante la ola de violencia criminal. Si el ejército sale de Ciudad Juárez y de Chihuahua, esa plaza quedará bajo control de los grupos del crimen organizado. La existencia de narco y de picaderos en Ciudad Juárez y las amenazas contra la policía municipal son delitos más graves porque destruyen las bases de la sociedad.

Las movilizaciones sociales contra el ejército -los Tapados en Monterrey o las quejas contra los militares que luchan contra el crimen organizado en otras ciudades- se localizan en el contexto de la estrategia de lucha guerrillera para destruir al Estado. Lo que aún no queda claro es si en las organizaciones del narco existen cuadros intelectuales que estén trasladando las tácticas en su beneficio o se realmente existe una alianza orgánica entre alguna guerrilla con el narco porque al final sus objetivos son similares, como ocurrió en Colombia con la narcoguerrilla de las FARC.

Al final de cuentas, el enemigo de la sociedad no es el Ejército que lucha contra el crimen organizado sino las bandas de narcotraficantes que idiotizan a las personas con su droga.

ASALTO A LA RAZÓN
(Carlos Marín)

Las idioteces de AMLO

Qué mala pata la de Andrés Manuel López Obrador antier sábado, al canalizar su rencor por la derrota electoral hacia la guerra que se libra contra el narcotráfico.

Juzgó como “una de las idioteces de Calderón y de la mafia política la forma como el gobierno está enfrentando el problema de la inseguridad y la violencia”.

Ignoraba por lo visto que el día anterior había sido capturado en Cancún uno de sus hombres de mayor confianza durante su paso por la jefatura del gobierno del Distrito Federal, su ex subdirector de Operación y Servicios (coordinador de sus guardaespaldas Gacelas y quien durante la campaña de 2006 acordaba con el Estado Mayor Presidencial).

Se trata de Marco Antonio Mejía López, hasta el viernes director del penal de Cancún, a quien la Procuraduría General de la República liga con la ejecución del divisionario Mauro Enrique Tello Quiñones y señala de haber entregado el control de la cárcel a los Zetas.

En Durango, el “presidente legítimo” (de la República patito) reprochó el que la guerra se lleve a cabo “con policías y soldados, con más cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas y penas más largas”, y dijo que Calderón “fue a Monterrey a decir más de lo mismo: que no le temblará la mano, que actuará con mano dura. Puras, puras tonteras”.

Y se reveló tan vidente como Walter Mercado:

“Lo empecé a percibir desde que Calderón se robó la Presidencia: actuó con desparpajo y de manera irresponsable; le pegó un palazo al avispero y desató más la inseguridad y la violencia...”.

¿No había motivos entonces para perturbar a las “avispas”?

López Obrador elude hoy lo que prometía sobre el narcotráfico cuando aspiró a vivir, no en la casa civil de Los Pinos, sino en el museo de Palacio Nacional.

Hace como que la Virgen le habla, pero fueron varias las ocasiones en que anunció recurrir a lo mismo que hace Felipe Calderón.

En distintas localidades, durante sus apariciones públicas de 2005 y 2006, repetía variantes de uno (el 35) de sus 50 compromisos con la Nación:

“De acuerdo con la Constitución, las Fuerzas Armadas tienen como objetivo fundamental salvaguardar la integridad del territorio y la preservación de la soberanía (...). Es necesario que una institución con la experiencia y la disciplina del Ejército siga participando en el combate al narcotráfico (…). Los nuevos tiempos exigen una definición clara sobre la política de seguridad nacional (…). Particularmente, en lo que se refiere al combate al narcotráfico, dado que se ha convertido en una seria amenaza a la seguridad interior y exterior del país, consideramos necesario dar mejores instrumentos a las fuerzas armadas en esta misión que se les ha encomendado (…). Impulsaremos las reformas para que las fuerzas armadas tengan mayores facultades en el combate al crimen organizado y al narcotráfico...”.

Sin el Poder que soñó, las que hoy ve como “idioteces” de Calderón y su “mafia”, López Obrador las vendía entonces como excelentes ideas.